Con un paro de más del 20%, pocos negocios están funcionado tan bien en España como los destinados a asesorar a la ingente masa de desempleados. Academias, abogados laboralistas y sindicatos hacen dinero del parado, que necesita ayuda para superar su delicada situación. La crisis ha traído una oportunidad a estos profesionales, pero está siendo tan larga que hasta los más beneficiados están empezando a tener problemas.
Abogados y sindicatos, los grandes beneficiados por el paro
Los abogados laboralistas, agentes necesarios para cualquier tipo de negociación o demanda laboral, han sido los profesionales que más han visto aumentar su volumen de trabajo a raíz de la crisis. Román Gil Albulquerque, socio de Sagardoy Abogados y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, calcula que en los últimos tres años el volumen de trabajo de los abogados laboralistas ha tenido “un aumento muy significativo, de en torno al 50%”. En cualquier caso, apunta Gil, las ganancias no se han incrementado del mismo modo que el trabajo. La crisis ha hecho que bajen los honorarios pues “ya no hay dinero ni para pagar las indemnizaciones”. El incremento de los despidos se ha correspondido, además, con un incremento de las demandas laborales. Gil denuncia que “hay un colapso nunca visto en los juzgados laborales y es previsible que pueda agravarse”. “Antes de la crisis”, explica Gil, “una demanda de despido tenía sentencia en tres meses, ahora tarda siete u ocho”.
Otras instituciones que se están beneficiando económicamente del aumento del paro, aunque suene paradójico, son los sindicatos mayoritarios. Las centrales sindicales de UGT y CCOO cobran un porcentaje sobre las indemnizaciones que recibe cada uno de los trabajadores a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Este porcentaje, que sirve para financiar los servicios jurídicos y de asesoría, varía en cada expediente pero, según fuentes sindicales, se sitúa entre el cinco y el diez por ciento. El sindicato minoritario CGT -que no firma prácticamente ningún expediente, dentro de su política contraria a la existencia de los mismos- ha denunciado esta práctica, e insinúa que el alto porcentaje de acuerdo que existe en los ERE españoles –por encima del 90%- se debe a la actitud ante los mismos que tienen UGT y CCOO, que embolsan una importante cuantía por cada expediente. Entre 2008 y 2010 más de un millón de personas han pasado por uno de estos expedientes de regulación.
